La reciente presencia del vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés, conocido en la isla como “El gran censor de Internet”, vuelve a plantear el riesgo de que el Estado venezolano controle la información que circula por la Red.
De hecho, ya existe un texto legal (sólo falta su sanción) que permitirá que el Gobierno bloquee los contenidos de Internet que le disgusten: la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales.
¿Cómo se aplicaría la censura? Pues simple: el texto establece la implantación de un punto de acceso único manejado por el Estado. Todos, absolutamente todos los mensajes, deberán pasar por ese filtro estatal.
Esta propuesta para reformar la actual Ley de Telecomunicaciones fue aprobada en Consejo de Ministros hace dos años, y luego se engavetó misteriosamente cuando llegó al parlamento.
Los expertos en comunicación temen que ahora se desengavete por la escalada de críticas del sector oficial hacia las redes sociales virtuales.
En las últimas semanas, ha sido evidente que al Gobierno le está resultando muy incómodo lo que se difunde gracias a las nuevas tecnologías.
No hace falta lupa para interpretar estas pistas: Además de recibir la asesoría de Ramiro Valdés (supuestamente para minimizar la crisis energética), el presidente Hugo Chávez fustigó a Twitter y llamó a sus seguidores a una contraofensiva en la red; el jueves se solidarizó con el presidente de Irán justo cuando ese país bloqueó el acceso a Internet para evitar que el mundo viera las protestas de la oposición; los diputados de la Asamblea Nacional hicieron llamados al Gobierno a intervenir las redes sociales porque las consideran terroristas.
Además, con antecedentes como el cierre de más de 35 emisoras y de RCTV Internacional, no es descabellado pensar que la próxima meta serán los medios virtuales.
Sin embargo, en este instante no existe plataforma legal para que el Estado los controle. La Constitución y la Ley de Telecomunicación vigente estipulan lo contrario: un acceso libre y plural del servicio.
Eso se ha respetado en la práctica hasta cierto punto. El Gobierno lanzó un decreto en marzo del año pasado para declarar Internet como servicio suntuario (lujoso) en las instituciones públicas. Así que ahora no es prioritario que los funcionarios se conecten en sus oficinas. Igual pueden hacerlo en un ciber café o en sus hogares si tienen el servicio.Ese es el panorama actual.
Los casi 9 millones de personas que usan Internet en Venezuela (3 de cada 10 habitantes, según la consultora Tendencias Digitales) aún tienen formas para conectarse a la red sin dolores de cabeza. Pero la amenaza está latente y lo peor: escrita en blanco y negro.
